Un grupo de expertos del Consejo de Europa recoge en un informe que «según las ONG, varios trabajadores migrantes del asentamiento podrían ser considerados víctimas de explotación laboral e incluso trata de personas. También se han denunciado casos de explotación sexual a mujeres».
El Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) del Consejo de Europa ha denunciado en su último informe sobre esta materia las condiciones laborales que viven personas migrantes en los campos de fresa de Huelva.
El documento recoge un viaje realizado por una delegación de este grupo de expertos a España, entre el 4 y el 8 de julio de 2022, en el que -entre otros destinos- eligieron la provincia andaluza por ser, según ha indicado, «una de las principales regiones productoras» de esta fruta.
En su relato, señalan que en el momento de su visita había 25 asentamientos «informales» donde vivían 914 migrantes (incluidas 99 mujeres), en su mayoría trabajadores indocumentados de Marruecos, Malí y Ghana, aunque, según apunta GRETA, a su llegada fueron informados de que durante la temporada de cosecha, «hay muchos más trabajadores» allí establecidos.
En chozas y sin acceso a agua
El grupo de expertos del Consejo de Europa determina que estas personas «viven en chozas hechas de láminas de plástico que se utilizan para cubrir los campos de fresas», que «no hay acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento» y que son ONG como Mujeres en Zona de Conflictos, Cruz Roja, Cáritas o ACCEM quienes brindan ayuda humanitaria en el lugar.
También explica que se ha llegado a montar un centro de día cerca de los campos para proporcionar bienes y servicios básicos a los migrantes, pero que su continuidad peligra, según explicaron las ONG a GRETA, por «falta de financiación pública».
«Según las ONG, varios trabajadores migrantes del asentamiento podrían ser considerados víctimas de explotación laboral e incluso trata de personas. A menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga por debajo del salario mínimo, o a veces no se les paga en absoluto», recogen los expertos en el informe.
Las ONG, según indica el documento, también han denunciado casos de mujeres que son explotadas sexualmente en los asentamientos y que también podrían ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o víctimas de violencia de género.
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Los expertos de GRETA se han mostrado preocupados de que «los inspectores de trabajo no tengan mandato para acudir a los asentamientos» y que solo vaya la Guardia Civil en caso de incidentes o para identificar a personas vulnerables como mujeres embarazadas o mujeres con niños. «Sin embargo, no se han identificado víctimas de trata entre las personas que viven en los asentamientos informales», indica el informe.
Por este motivo, se han mostrado «profundamente preocupados por la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que se prolonga desde hace varios años y genera mayores riesgos de trata de personas».
Ante estas denuncias, el Gobierno de España ha respondido señalando que está «extremadamente preocupado» por la situación de estos lugares en los que hay «riesgo de encontrar potenciales víctimas de trata de seres humanos». Y, al respecto, ha destacado el aumento de la labor preventiva en estos ámbitos en los últimos años.
Según el Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado más de 5.000 inspecciones de trabajo en estos lugares en los últimos cinco años, con la única excepción de 2020 (año marcado por la pandemia del Covid-19) en la que se realizaron casi 3.600. En 2022, según ha apuntado el Ejecutivo, se superaron las 5.700.
Además, y en relación al asentamiento de Huelva, apunta que la sensibilización con este tema ha sido «muy notable» al pasar de las 57 inspecciones de trabajo en 2018, a las 329 que se llevaron a cabo el año pasado.
«A esto hay que añadir que en los últimos años se ha fortalecido la capacitación de agentes encargados de investigar casos de trata de personas», apunta el Gobierno en su respuesta al informe de GRETA. Así, indica que, desde 2018, se viene realizando formación específica para los interlocutores sociales, entre los que se incluyen los de la provincia de Huelva.