El Gobierno de España ha aprobado la concesión directa de cinco millones de euros en subvenciones a los ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva) para construir, rehabilitar y comprar de viviendas destinadas a trabajadores agrícolas temporeros en el entorno del Espacio Natural de Doñana.
La medida está regulada mediante Real Decreto de 30 de septiembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se efectuará a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y se encuadra en la línea 13.4 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia de Doñana.
Las ayudas, recoge el documento, se distribuirán a partes iguales, asignando 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Moguer y otros 2,5 millones al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda para 2026.
Aunque el plan inicial contemplaba también la participación de Lucena del Puerto, este municipio comunicó en mayo de 2026 su renuncia a la anualidad actual tras analizar el estado de ejecución de los proyectos del ejercicio anterior, concentrándose así la financiación en las otras dos localidades.
El Ejecutivo justifica la concesión directa por razones de interés público, social y humanitario, orientadas a dar una solución estructural y permanente a los asentamientos precarios de la zona y garantizar el acceso al alojamiento digno de los temporeros agrícolas.
Los fondos se destinarán a la compra de suelo o inmuebles construidos, la rehabilitación de viviendas protegidas, la edificación de nuevas viviendas públicas -incluyendo modelos de industrialización residencial- y la creación de una red de albergues y alojamientos municipales. En el caso de las obras de nueva planta, la normativa exige que se levanten sobre suelos urbanos de titularidad municipal.
Como requisito clave, el real decreto establece que todas las viviendas e infraestructuras financiadas deberán quedar integradas de forma permanente en el parque público residencial de los municipios, quedando totalmente prohibida su enajenación o privatización.
Las subvenciones se abonarán mediante un pago único y anticipado una vez se firmen los convenios específicos con cada ayuntamiento, trámite que deberá formalizarse antes del 1 de diciembre de 2026.
Los municipios podrán ejecutar sus proyectos hasta el 31 de diciembre de 2030 y se les autoriza a subcontratar hasta el 100 % de las actuaciones materiales.
