En relación al reparto de 70 millones de euros entre los ayuntamientos del área socioeconómica.
El Ayuntamiento de Almonte continúa denunciando públicamente «la incertidumbre y las tensiones» en torno al procedimiento del reparto de fondos para el área socioeconómica de Doñana. Desde el consistorio se ha asegurado que se está transformando Doñana «en un lugar mercenario, donde la conservación se ve amenazada por intereses políticos y prácticas cuestionables».
«El enfoque del Ministerio para la distribución de 70 millones ha suscitado la indignación al convertir a Doñana en un terreno de especulación. Tras el previo conflicto sobre el robo del agua, ahora se va a permitir el robo de fondos destinados a los municipios del Parque Nacional, perpetrado por municipios externos al mismo, y todo esto bajo la premisa de afinidades políticas», aseguran desde el Ayuntamiento.
El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha expresado que, a pesar de todo, sigue confiando en que «el Ministerio corrija la irresponsabilidad de los alcaldes externos a Doñana«, a quienes acusa de “ver el Parque como una tarta a repartir, sin considerar su valor ecológico y la dedicación de las poblaciones locales a su conservación”.
Fuentes ecologistas ya han manifestado su rechazo, alegando que «el mercantilismo aplicado en este caso no es más que una repetición de la misma fórmula utilizada en otras cuestiones. La idea de que todo, incluso la sostenibilidad, pueda comprarse o venderse resulta alarmante y contraproducente para la preservación de espacios naturales como Doñana».
Desde el consistorio almonteño advierten que «si el MITECO consiente este proceso habrá condenado a Doñana a un retroceso significativo en términos de conservación tirando por la borda más de cincuenta años luchados por la conservación del espacio natural”. La complicidad de las poblaciones de Almonte e Hinojos, históricamente implicadas en la conservación del Parque y desmarcadas de este acuerdo, «se vería comprometida generando un quiebre en la relación entre las comunidades locales y las autoridades gubernamentales», concluye el consistorio.