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Se pospone el debate final sobre la ley de regadíos en el entorno de Doñana

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han abierto una línea de diálogo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la apertura de una vía de diálogo con el Gobierno central y, vinculado a ello, un aplazamiento del inminente debate final de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, tras la reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Así lo ha comunicado el presidente de la Junta y del PP-A en una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo conjunta con Teresa Ribera, la víspera de que la Mesa del Parlamento andaluz tuviera previsto incluir este miércoles en el orden del día del Pleno de la Cámara que se celebrará la semana que viene el debate final de dicha proposición de ley, que ha contado desde el primer momento con el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez y de los grupos de oposición de izquierdas del Parlamento andaluz, que han venido reclamando de forma insistente su retirada.

Moreno y Ribera han anunciado la conformación de equipos de trabajo «de máximo nivel» que tienen previsto celebrar ya la semana que viene una primera reunión y darse un mes de plazo para tratar de buscar un acuerdo en relación a este asunto, y el presidente de la Junta ha detallado que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, va a encabezar la representación del Gobierno andaluz, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la del Ministerio.

El presidente ha comenzado su intervención agradeciendo a la vicepresidenta su presencia en la sede de la Presidencia de la Junta como «un gesto que demuestra una voluntad de diálogo», teniendo en cuenta que «solamente con el diálogo se puede llegar a acuerdos».

Moreno ha indicado que «a lo largo de esta tarde y de días anteriores» se han mantenido entre la Junta y el Gobierno «intensas reuniones de trabajo con el objetivo común que tenemos en materia de sostenibilidad en espacios naturales y, al mismo tiempo», de «preservar el desarrollo económico y social de la zona, y especialmente de la provincia de Huelva».

Tras apostar por un «diálogo honesto desde posiciones encontradas», Moreno ha defendido que «este comienzo puede augurar un acuerdo que sería positivo para todos», y que el aplazamiento del debate final de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), es una muestra «firme y determinante» de la «voluntad de llegar a acuerdos» con el Gobierno central por parte de la Junta de Andalucía.

Ha justificado ese aplazamiento del debate final de la ley «en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, conversar, construir, mejorar, proponer; en definitiva, de poder avanzar».

Coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

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Por su parte, Teresa Ribera ha defendido que las administraciones deben estar «a la altura de las circunstancias y trabajar juntos», así como «escuchar a quienes viven en el territorio» e «intentar encontrar las propuestas que, respetando la legalidad ambiental y las aspiraciones sociales, satisfagan en mayor medida a todos los habitantes».

Para ello, según ha abundado, «hemos creído oportuno que, además de darnos ese mes de plazo para poder presentar este marco de actuaciones de desarrollo territorial y social», la Junta y el Gobierno escuchen a representantes de las personas que viven en el territorio afectado, y ha expresado su deseo de que «el trabajo que hemos iniciado estos días» culmine con «éxito en las próximas semanas».

En el turno de preguntas de la rueda de prensa, cuestionados ambos por la compra de tierras, Ribera ha enmarcado las partidas previstas por el Gobierno en su Marco de Actuaciones Alternativas para Doñana, dotado con 350 millones de euros, en atender el compromiso con Bruselas de «liberar aguas para Doñana», mientras que ha apelado a tener muy presente que «hoy lo que corresponde es para que nos observen más allá de nuestras fronteras» y con ello el mensaje de «respetar la legislación vigente» con la intención última de «cerrar el procedimiento de infracción de la Unión Europea».

«Bien está lo que pueda bien acabar», ha proclamado Moreno cuando se les ha preguntado sobre qué ha propiciado que se levanten las líneas rojas que había entre ambas administraciones, antes de remarcar como gestos de ese entendimiento que «la vicepresidenta está aquí (en referencia a Sevilla) y nosotros posponemos el proyecto de ley» y rechazar, por tanto, establecer líneas rojas porque en ese caso «va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo».

Coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona.

«El plan de compra de terrenos es para la reducción de la presión sobre Doñana«, se ha reafirmado Teresa Ribera ante la hipótesis de comprar terrenos a los agricultores a quienes se busca cambiar la naturaleza de terrenos que dejen de ser forestales y pasan a ser catalogados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, como se ha propuesto la Proposición de Ley.

El presidente de la Junta de Andalucía, quien ha apuntado que «no hay condicionante coyuntural electoral» en este viraje de Junta y Gobierno, ha estimado que durante «cuatro semanas nos queda un largo, intenso y complejo trabajo» y que se trata de que «abrimos una etapa nueva para lo que nos importa: el interés general de los ciudadanos».

Teresa Ribera ha advertido de que «es más convincente ofrecer alternativas viables que no son más agua», en alusión al Marco de Actuaciones que ha diseñado el Gobierno, convencida de que «es difícil que haya» y ha expresado su confianza en establecer «un escenario donde todo el mundo piense que es mejor consolidar esas alternativas que confiar en más recursos hídricos».

La representante gubernamental ha defendido que el futuro trasvase de casi 20 hectómetros cúbicos procedentes de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras «nos ha permitido cerrar 490 pozos legales», a lo que ha sumado la clausura de otros 239 ilegales, para colegir entonces que «esta tarea la tenemos que completar».

Moreno, quien ha remachado que «se ha pospuesto, que no retirado» la Proposición de Ley, ha blandido que «no hay cambio de postura» para apelar entonces a «buscar una solución a los problemas» y explicar que «somos humildes para entender otros ángulos de visión», mientras se ha reafirmado en encontrar soluciones a «los problemas de familias que están en un limbo», convencido de que «no hay protección ambiental sin apoyo social».

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