
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado este jueves ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados una propuesta de pacto de estado por la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la justicia.
El objetivo de esta medida, ha informado la asociación en un comunicado, es «activar los mecanismos oficiales del Estado para obligar a las fuerzas políticas a definir su postura de manera urgente en pleno periodo preelectoral».
A través de este escrito, presentado a través de Antonio Benítez Ostos, abogado que lleva la defensa de las víctimas, han solicitado formalmente a la Mesa del Congreso el traslado inmediato del documento a todos los grupos políticos con representación actual.
En paralelo al registro en la Cámara Baja, la Asociación ha remitido hoy mismo la propuesta por vía electrónica a las presidencias y secretarías generales de todas las formaciones políticas del arco parlamentario.
Los partidos dispondrán de un plazo estricto que concluye el próximo miércoles 11 de noviembre a las 14:00 horas para devolver debidamente cumplimentado y firmado el «Compromiso Público de Adhesión» adjunto a la solicitud.
La propuesta de pacto de estado, han explicado, nace desde «una voluntad estrictamente ciudadana, apartidista y constructiva», y exige a los partidos políticos asumir tres ejes fundamentales como materias prioritarias para los primeros 100 días de la próxima legislatura.
El primero se centra en la ‘Seguridad ferroviaria’ y pasa por priorizar la inversión, la prevención, el mantenimiento de la red y la consolidación de un órgano de supervisión técnica plenamente independiente.
El segundo es sobre ‘Atención integral a las víctimas’, un punto en el que solicitan el desarrollo de un marco legal coordinado que garantice asistencia médica, psicológica, social y jurídica continuada en tragedias colectivas.
Un tercer aspecto está enfocado en la ‘Justicia ágil y eficaz’ al entender que se debe de dotar de recursos suficientes a los procedimientos judiciales, asegurar el acceso a la información y promover la especialización de tribunales en grandes accidentes.
Han informado de que el próximo 11 de noviembre detallarán públicamente el grado de compromiso de cada fuerza política.
Con este paso institucional, el colectivo de víctimas advierte que «la seguridad del conjunto de la sociedad no puede esperar a que se abran las urnas, exigiendo un compromiso político común, firme y duradero que trascienda gobiernos y siglas», han concluido.

