La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha denunciado el “desastre” en el que se ha convertido la gestión de las ayudas destinadas a la renaturalización de terrenos agrícolas en el entorno de Doñana. Más de dos años y medio después de la firma del acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, los agricultores continúan sin una “resolución definitiva, sin seguridad jurídica y sin haber recibido un solo euro”.
La organización considera “incomprensible e injustificable” que los agricultores, cuya situación fue precisamente la que motivó la firma del Pacto por Doñana, “vuelvan a ser los últimos en recibir una respuesta”.
“Se han anunciado inversiones, se han financiado proyectos y se han movilizado recursos para distintas administraciones, pero los agricultores seguimos sin resolución y sin cobrar. Éramos quienes necesitábamos una solución urgente y, una vez más, nos han dejado al final de la cola”, ha lamentado el portavoz de la Plataforma, Manuel Mora.
La primera convocatoria, dotada con 28,5 millones de euros para la renaturalización de un máximo de 400 hectáreas, se ha encontrado desde el principio con “innumerables trabas administrativas, falta de información y ausencia de interlocución técnica”.
La Plataforma critica que los agricultores no hayan contado con un teléfono o canal directo al que dirigirse para resolver dudas sobre los expedientes, mientras se suceden requerimientos, exclusiones y denegaciones que, en numerosos casos, consideran “más que discutibles”.
“Hay expedientes completos que podrían incorporarse inmediatamente si existe disponibilidad presupuestaria. No tiene sentido dejar perder esos recursos o condenar a los agricultores a esperar varios años más cuando existe una solución administrativa posible”, ha defendido Mora.
La Plataforma recuerda que los agricultores del Condado llevan muchos años esperando una salida para sus explotaciones y advierte de que “ya no pueden soportar nuevas dilaciones, promesas o procedimientos interminables”.
“Los agricultores necesitan saber qué tienen que hacer, qué documentación deben aportar y cómo pueden poner al día sus expedientes. Lo que no pueden hacer las administraciones es exigirles que cumplan determinados requisitos y, al mismo tiempo, no facilitarles la información ni las reuniones necesarias para cumplirlos”, ha explicado la organización.
Esta falta de coordinación está generando una situación de “absoluto desamparo” entre familias que deben tomar decisiones trascendentales sobre el futuro de sus explotaciones sin disponer de respuestas claras ni seguridad jurídica.
