Carta abierta firmada por Mercedes Barrada, criminóloga especializada en análisis y prevención del crimen residente en Isla Cristina.
En los últimos años, la criminalidad en el municipio de Isla Cristina ha ido en aumento. La tranquilidad del pueblo se ha visto quebrada por el auge del tráfico de drogas -acentuado desde el incidente de Barbate-, los tiroteos, los conflictos entre bandas y los robos en viviendas y comercios. A pesar de la gravedad de esta situación, la respuesta institucional ha sido escasa o directamente inexistente. Mientras los vecinos viven con miedo -o, incluso, podría decirse que ya “acostumbrados a este estilo de vida”-, las figuras políticas insisten en que “no hay un problema de seguridad”.
Esta brecha entre la realidad del día a día y el discurso oficial evidencia un fenómeno preocupante: el abandono de ciertos territorios por parte del Estado y la normalización de contextos de inseguridad, donde la impunidad y la falta de recursos policiales convierten al delito en parte del paisaje urbano.
También resulta alarmante la incongruencia entre lo que ocurre realmente en las calles y lo que reflejan las estadísticas oficiales. Quienes vivimos aquí conocemos la situación. La presencia del narcotráfico no es un rumor: es un hecho que, en ocasiones, llega incluso a los medios nacionales, con imágenes de lanchas rápidas desembarcando en la playa o persecuciones de la Guardia Civil en plena costa. Sin embargo, las cifras de detenciones son sorprendentemente bajas. Esta desconexión podría explicarse por la falta de operativos suficientes, la escasa vigilancia efectiva en los puntos críticos y la limitada capacidad de actuación de unos cuerpos policiales que, en la práctica, funcionan sin medios adecuados y con competencias solapadas.
En Isla Cristina, como en muchos otros municipios del litoral sur, coexisten dos cuerpos de seguridad: la Guardia Civil, con competencias principales en seguridad ciudadana, pero desbordada por la extensión del término municipal; y la Policía Local, con más presencia y proximidad, pero sin capacidad legal para actuar frente a delitos graves como el tráfico de estupefacientes o la tenencia ilícita de armas. Esta distribución desigual de medios y competencias genera un vacío operativo que es aprovechado, sin duda, por quienes viven al margen de la ley.
A todo ello se suma una clase política -local, autonómica y estatal- que permanece indiferente. No se ha reforzado el personal, no se han establecido planes integrales de prevención ni se han convocado mesas de seguridad con carácter urgente, a pesar de la creciente preocupación no solo de los residentes, sino también de alcaldes de municipios cercanos, algunos con menor índice de criminalidad, pero mayor capacidad de respuesta institucional.
Ante este contexto, muchas personas ven como solución la llegada puntual de unidades especiales o el aumento de controles policiales en las entradas y salidas del municipio. Pero estas medidas, aunque tranquilizadoras a corto plazo, no resuelven el problema. Son parches. La seguridad no puede depender de operativos temporales ni de exhibiciones de fuerza esporádicas. Requiere análisis riguroso, planificación estratégica y compromiso político real.
Lo que ocurre en Isla Cristina no es un caso aislado. Es el reflejo de una problemática más amplia: la existencia de zonas olvidadas, de segunda categoría, donde la criminalidad se tolera porque no tiene coste político.
¿Cuánto más debe pasar para que se actúe? ¿Cuántos tiroteos más deben quedar en silencio?
