El Ministerio no se ha pronunciado después del informe de la Abogacía del Estado sobre la necesidad de tramitar una nueva declaración de impacto ambiental considerando como alternativa la retirada gradual de los residuos de la marisma.
Mesa de la Ría dirigió escritos al Tribunal que alertaban de la «dejación de funciones del Ministerio de transición Ecológica en la protección del Dominio Público hasta el punto de que se ha empezado a ejecutar sin que exista autorización de ningún técnico o político del organismo responsable de proteger la marisma».
«El Ministerio ha guardado silencio después del informe de la Abogacía del Estado sobre la necesidad de tramitar una nueva declaración de impacto ambiental que englobe la totalidad de las zonas concesionadas, considerando como alternativa la retirada gradual de los residuos de la marisma».
El Tribunal ha considerado en su auto de fecha 4 de noviembre de 2024 que la “declaración de Idoneidad” concedida al proyecto por la ministra antecesora y exdirectiva de Fertiberia Isabel García Tejerina, no ha sido cuestionada por el ministerio dirigido por Rivera, pese a las evidencias científicas aportadas que alertan del hundimiento de la estructura en el lecho de la marisma y la inviabilidad del proyecto.
El proyecto de Fertiberia de las zonas 2 y 3 que «desnaturalizaría para siempre el cauce aluvial del Río Tinto y sus marismas es incompatible con la política europea y su directiva de recuperación de espacios y humedales degradados por el hombre». Mesa de la Ría ha recurrido judicialmente tanto la autorización ambiental de la Junta, como la licencia de obras resuelta por Decreto por el anterior alcalde “en funciones tras perder las elecciones”, debido a que su ejecución» consolida un vertedero ilegal que a la vez que se hunde tapona el cauce del rio tinto y genera enormes problemas y riesgos de avenidas que resultan inaceptables».
Juan Manuel Buendía, presidente de Mesa de la Ría, advierte que “la organización seguirá reclamando en la Audiencia Nacional la recuperación de la marisma de la zona 4 y que ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa que acaba de ser admitida, contra la autorización ambiental integrada (AAI) de la Junta de Andalucía”. Una autorización de la Junta de Andalucía donde el Ministerio igualmente hizo dejación de funciones eludiendo enviar informes sectoriales preceptivos, en relación a la formación de apantallamiento de la costa, sobre el riesgo de la subida del mar por efecto del cambio climático o si el proyecto de Fertiferia renaturaliza parte o la totalidad de la superficie ocupada cumpliendo el principio de “ocupación mínima” del dominio público hidráulico y marítimo exigido en el reglamento de Ley de Costas.