La Audiencia de Huelva ha condenado a un año y medio de prisión a tres personas -dos hombres y una mujer- miembros de un grupo organizado dedicado a estafas bancarias y blanqueo de capitales mediante la técnica del ‘SIM swapping’, el duplicado no autorizado de sus tarjetas de telefonía móvil.
Los acusados, en concierto con terceras personas no identificadas, obtenían duplicados ilícitos de las tarjetas SIM de las víctimas para realizar portabilidades de sus líneas móviles.
Con el control del teléfono en su poder, lograban vulnerar el sistema de verificación en dos pasos de las aplicaciones de banca en línea, solicitando el restablecimiento de claves o códigos de acceso que las entidades financieras enviaban por SMS.
De este modo, accedían a los fondos de los titulares, realizaban transferencias no autorizadas, contrataban préstamos a su nombre y realizaban extracciones de efectivo en cajeros.
Para apropiarse del dinero defraudado, la red utilizó diversas técnicas, como la compra de un teléfono móvil por 900 euros, la adquisición de patinetes eléctricos por valor de 1.649 euros y extracciones continuas de efectivo en cajeros de localidades como Dos Hermanas (Sevilla), Sevilla capital y Huelva. Una de las acusadas llegó a acudir personalmente al mostrador de telefonía de un centro comercial en Huelva para tramitar duplicados de SIM sin lautorización.
Entre los perjuicios económicos causados destacan la contratación fraudulenta de varios préstamos -entre ellos uno de 58.000 euros a nombre de una víctima con la entidad ING y otro de 8.700 euros con Caixabank-, así como extracciones de efectivo que en un solo caso superaron los 12.000 euros.
Por estos hechos, la Audiencia de Huelva ha impuesto a cada uno de los tres procesados un año de prisión por el delito de blanqueo de capitales, junto con una multa de 106.190 euros, y seis meses de prisión por el delito de integración activa en grupo criminal.
Asimismo, uno de los acusados ha sido condenado a un año adicional de cárcel y a 300 euros de multa por un delito contra la salud pública, al hallársele en el registro de su domicilio cerca de cuatro kilos de cannabis destinados al tráfico y una instalación de cultivo de interior.
En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 8.100 euros a una de las víctimas y con 17.100 euros a Caixabank por las transferencias y extracciones no autorizadas.
Además, el fallo decreta la nulidad de todos los contratos de portabilidad, tarjetas de crédito y préstamos bancarios suscritos de forma fraudulenta durante la operativa delictiva; y acuerda suspender a los condenados la pena de cárcel por un período de cinco años, condicionada a no delinquir y al cumplimiento de un plan de pagos para abonar las indemnizaciones fijadas.
