El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Antonio Bernal, ha subrayado la gravedad de una situación que afecta especialmente a quienes recurren a los tribunales en busca de respuesta a sus problemas. “La Administración de Justicia se encuentra sumida en un auténtico caos que ocasiona graves perjuicios no solo a los funcionarios judiciales de todos los rangos, sino también a los profesionales y, sobre todo, a los ciudadanos, que acuden a la Justicia para obtener una solución y no la obtienen dentro de un plazo razonable”. Bernal ha insistido en que el Colegio “hace suyas las peticiones, las quejas y las justas reivindicaciones de todo el colectivo ante una situación que necesita de una solución urgente”.

Entre las principales consecuencias de esta situación se encuentran la suspensión reiterada de vistas, los importantes retrasos en la tramitación de escritos y la demora de los señalamientos. El Colegio pone especial énfasis en la repercusión que estas disfunciones tienen en ámbitos especialmente sensibles, como Violencia sobre la Mujer, Familia y Discapacidad, el Registro Civil, los servicios de guardia y la atención que se presta a través del Turno de Oficio y la Asistencia al Detenido.

Ante este escenario, la abogacía onubense, a través de una declaración institucional, reclama como primera medida la cobertura inmediata de las plazas vacantes y de las bajas, licencias e interinidades, junto con la puesta en marcha de un Plan Provincial de Refuerzo Extraordinario que permita actuar sobre el atasco acumulado de asuntos y señalamientos. También plantea el establecimiento de unas plantillas mínimas operativas que permitan activar automáticamente mecanismos de sustitución cuando la falta de personal impida prestar adecuadamente el servicio.

Las demandas incluyen asimismo una revisión de las Relaciones de Puestos de Trabajo para adaptarlas a la carga real y a las particularidades de cada partido judicial, un refuerzo específico de personal ante el incremento de competencias en materias como Violencia sobre la Mujer y Registro Civil, y un plan que permita dar prioridad a las vistas y comparecencias que han tenido que ser suspendidas. «A ello se suma la necesidad de acometer las reformas y mejoras pendientes en las sedes e infraestructuras judiciales tanto de la capital como de la provincia».

El Colegio recuerda que la problemática no se limita a un único órgano o localidad. Aunque la situación de Aracena constituye uno de los casos más preocupantes, las dificultades se extienden también a Ayamonte, Valverde del Camino, La Palma del Condado, Moguer y Huelva capital, entre otros puntos de la provincia. La institución considera imprescindible una respuesta coordinada de las administraciones y organismos competentes que permita abordar no solo las urgencias actuales, sino también las causas estructurales que están detrás de la saturación del sistema.

Con este objetivo, el Colegio ha trasladado sus reivindicaciones a la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Provincial de Huelva, la Fiscalía Provincial, los jueces decanos de los distintos partidos judiciales, , el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, reclamando la implicación de todas las instituciones para garantizar a la ciudadanía una Justicia digna, eficaz y sin dilaciones indebidas.