La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, la mayoría de los afectados son onubenses, ha comparecido formalmente ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir una intervención urgente tras el trágico accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y medidas ante las «graves deficiencias» de la red ferroviaria española.
Transcurridos ocho meses desde el siniestro, en el que fallecieron 46 personas, la asociación ha presentado una denuncia administrativa ante las autoridades europeas que firma Antonio Benítez Ostos, socio-director de Administrativando Abogados, firma que coordina su defensa.
La denuncia incluye diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que son públicamente conocidas y acreditan como el carril siniestrado presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del impacto.
La asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunciando una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía.
«Más de cien roturas al año»
En el escrito elevado a Europa se advierte de que el sistema ferroviario español acumula «más de cien roturas de vía al año» y, en el mismo, se aportan advertencias técnicas previas emitidas públicamente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), donde ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras.
Entre ellas, inestabilidad en la rodadura con oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 km/hora, fatiga de materiales y «botes» con presencia de baches, deformaciones geométricas y desgaste ondulatorio en los rieles, sobrepeso en las vías y degradación acelerada de la red por la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados, y abuso de medidas de precaución.
La denuncia subraya además carencias incomprensibles en la seguridad del material rodante y la asistencia: la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento e insuficiencias en los portaequipajes que provocan la caída de bultos sobre los viajeros.
Asimismo, censuran que los servicios autonómicos de emergencias (061 y 112) sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España.
El letrado Antonio Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha manifestado su «absoluta preocupación» ante el hecho de que, en poco más de una década, España haya sufrido los dos peores accidentes ferroviarios de su democracia (Angrois en 2013, donde fallecieron 80 personas; y Adamuz en 2026), pudiendo presuntamente evidenciar que las medidas actuales son del todo insuficientes para garantizar la seguridad de las personas viajeras.
La Agencia Ferroviaria Europea ya intervino en el Caso Alvia y, en su Documento de Asesoramiento ERA/ADV/2015-6, consideró que la investigación del siniestro llevada a cabo por la CIAF no fue independiente, además de presentar graves irregularidades como no haber tenido en cuenta a las víctimas, ni haberles informado de sus derechos en el procedimiento de investigación.
