El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado a penas de tres y dos años de prisión a dos hombres por mantener una plantación de marihuana en una nave industrial de la capital onubense, en la que se intervinieron más de 500 plantas.
Los dos acusados se pusieron de acuerdo para cultivar conjuntamente plantas de cannabis en una nave de la ciudad, dedicada exclusivamente a este fin ilícito con el objetivo de venderla a terceros.
La operación policial se desencadenó cuando agentes de la Policía Nacional realizaron un registro en el inmueble autorizado por el Juzgado de Instrucción número 5.
En el interior hallaron un total de 512 plantas inmaduras de marihuana que, tras su secado, arrojaron un peso neto de 271 gramos.
Durante el registro, las fuerzas de seguridad intervinieron numeroso material destinado al cultivo intensivo, entre ellos 68 balastros, bombas de agua, sistemas de riego por goteo y cuadros eléctricos, además de un ciclomotor propiedad de uno de los acusados.
Asimismo, la resolución judicial considera probado que, al carecer la nave de suministro formal, los condenados realizaron una acometida ilegal a la red eléctrica general, defraudando un total de 548,69 euros de fluido eléctrico hasta que la compañía procedió al corte del suministro.
En base a los hechos probados, el juzgado ha impuesto a uno de los acusados la pena de tres años de prisión y una multa de 1.723,56 euros por el delito contra la salud pública -al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia por una condena previa de 2021-, además de seis meses de multa a razón de seis euros diarios (1.080 euros) por el delito leve de defraudación eléctrica.
El tribunal ha denegado a este acusado la suspensión de la pena privativa de libertad.
Por su parte, el segundo acusado, que carecía de antecedentes penales en el momento de los hechos, ha sido condenado a 2 años de prisión y multa de 1.723,56 euros por el delito de tráfico de drogas, así como a otros seis meses de multa (1.080 euros) por el enganche ilegal a la red.
En su caso, el juzgado le ha concedido el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionado a que no vuelva a delinquir en ese período.