El Ayuntamiento de Punta Umbría ha hecho un llamamiento «a la responsabilidad y a la prudencia de vecinos y visitantes» ante la reapertura de forma particular de un acceso a la playa de El Portil que permanece clausurado por motivos de seguridad desde hace unos días, después de estar cerrado tiempo atrás tras los temporales.

Según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad, el arquitecto municipal ha emitido un informe de inspección tras comprobar que personas cuya identidad se desconoce han retirado la señalización y los elementos de cierre instalados por el Ayuntamiento y han ejecutado obras sin autorización para habilitar de nuevo la escalera y la pasarela situadas al final de la calle Ave Fría.

El informe técnico concluye que dichas actuaciones se han realizado «sin licencia, sobre Dominio Público Marítimo-Terrestre y sin ningún tipo de control técnico», por lo que propone «reforzar el cerramiento, volver a señalizar la prohibición de acceso y trasladar los hechos tanto a la Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España como a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, además de a la Policía Local y a la asesoría jurídica municipal para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias».

El Ayuntamiento puntaumbrieño recuerda que estos accesos permanecen cerrados porque presentan «un riesgo real» para la seguridad de las personas, tras los graves daños ocasionados por los temporales que viene sufriendo el litoral desde 2018.

La erosión ha provocado el descalce de taludes, el deterioro de las escaleras y la pérdida de estabilidad del terreno, circunstancias que se agravan durante las pleamares, cuando el mar alcanza la escollera y hace completamente inaccesible ese tramo de playa.

Por este motivo, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha insistido en que «la prioridad absoluta es proteger la integridad física de vecinos y visitantes». «Las decisiones adoptadas no responden a criterios políticos ni arbitrarios, sino a informes técnicos y a la obligación legal de prevenir accidentes».

Hernández Cansino ha subrayado que «cuando el Ayuntamiento prohíbe el acceso a una zona lo hace porque existen informes técnicos que acreditan un riesgo para las personas». «Nuestra obligación es evitar que ocurra una desgracia y no vamos a renunciar a esa responsabilidad».

Ha sido «especialmente contundente» al referirse al acceso de la calle Ave Fría: «Quiero pedir a todos los vecinos y visitantes que, por favor, no utilicen esas escaleras. Quien descienda por ese acceso está poniendo en riesgo su integridad física. No podemos permitir que alguien resulte herido o que tengamos que lamentar una desgracia por acceder a una zona que los técnicos han determinado que no reúne las condiciones de seguridad. Como Ayuntamiento tenemos la obligación de prevenir ese riesgo y de actuar con responsabilidad, aunque algunas decisiones no sean populares».

El incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a sanciones económicas de hasta 3.000 euros, además de las responsabilidades que puedan derivarse por la retirada de precintos, vallas o carteles de prohibición instalados por la Administración.

Al respecto, el Consistorio costero advierte de que romper los elementos de cierre colocados por la Policía Local o por los servicios municipales podría ser constitutivo de un delito de desobediencia, mientras que la ejecución de obras o instalaciones sin licencia en una zona especialmente protegida como el Dominio Público Marítimo-Terrestre podría dar lugar, en función de las circunstancias, a responsabilidades administrativas e incluso penales.

El regidor municipal ha hecho un llamamiento para «evitar comportamientos que puedan alentar o justificar este tipo de actuaciones, recordando que la seguridad colectiva debe situarse siempre por encima de cualquier otro interés».