El juicio contra el único acusado del accidente mortal que costó la vida a una joven de 25 años tras chocar su vehículo contra dos equinos en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares (Huelva) se celebrará el próximo 18 de enero de 2027. El hombre se enfrenta a una acusación por presunto homicidio y lesiones por imprudencia grave, por la que el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel, mientras que la acusación particular eleva la petición a cinco años.
Según ha indicado a Europa Press el abogado de la familia de la joven, José Luis Orta, es «muy importante» que la Fiscalía se adhiera a la petición de pena como homicidio imprudente grave, ya que esto hace que el juicio vaya por la vía penal con una petición mayor de la habitual por homicidio imprudente, que es de dos años, al tener agravantes al tratarse de un caso que «no es aislado» ya que el acusado tenía partes previos «alertando de la práctica de tener animales de su propiedad sueltos».
El abogado ha señalado que se trata de una imprudencia «grave» ya que esta persona tenía a los animales sueltos «permanentemente» y apunta que tienen pruebas de ello, así como numerosos testigos que «podrán demostrar el comportamiento de este hombre».
Además de la petición de cárcel, el Ministerio público solicita una indemnización de 86.484 euros por el fallecimiento de la menor para los padres y 24.709 para el hermano. Además, se pide el abono a la progenitora de 7.280 euros por las lesiones y 2.664 euros por las secuelas del accidente. Asimismo, se solicita 7.120 euros por el valor del vehículo.
La Fiscalía señala en su escrito que el acusado, que ya fue condenado en 2019 por maltrato animal, en el momento del accidente era propietario de unas instalaciones destinadas a la explotación ganadera, picadero y guardando animales equinos, en El Corchito, en Bonares. Además, se señala que el acusado adquirió los dos mulos en 2021.
Por ello, a fecha de los hechos, el 17 de abril de 2024, el acusado era «responsable a todos los efectos de las obligaciones inherentes de guarda, cuidado y custodia de los mismos», los cuales, según insiste la Fiscalía, «incumplió gravemente, con una absoluta dejadez y extrema despreocupación».
Al respecto, el escrito recoge que las instalaciones en las que se recogían a los dos mulos implicados en el accidente, «adolecía de las más mínimas exigencias, medios de seguridad, materiales e infraestructuras aptas para asegurar que los animales no pudieran escapar de las mismas», toda vez que se señala que estas «se encontraban paralelas y a escasos metros de la vía A-484».
El escrito incide en que en que el acusado era «conocedor» de todas estas circunstancias y «obviaba gravemente las más elementales normas de cuidados, vigilancia y guarda», ya que tenía a los animales «en un precario y artesanal corral o cercado con unas vallas metálicas de escasas dimensiones, amarradas rudimentariamente con cuerdas de empaquetar la paja a unos postes de hierro» y que fueron «vencidas fácilmente por los animales», además de «no existir muro perimetral de obra o de hormigón».
Asimismo, la Fiscalía indica que «no existía una malla o mecanismo que supusiera un impedimento para los mulos, siendo el cierre posterior de dicho cercado, por donde los animales salieron, un cerramiento rudimentario con inefectiva disposición de hierros y chatarras, sin anclajes ni sujeción con configuración segura».
LOS HECHOS, SEGÚN FISCALÍA
El escrito de acusación de Fiscalía recoge que el 17 de abril de 2024, a las 21,35 horas, los animales «escaparon por la parte trasera de la finca, que solo estaba tapada con chatarra diversa a muy escasa altura», toda vez que estos se dirigieron hacia la A-484, ya que había una zona de barbecho donde solían pastar.
Paralelamente a la salida de los animales, sobre las 21,40 horas, de aquel día, conducía por dicha vía la joven con su madre como acompañante, y lo hacía, como señala el escrito, «de forma correcta y debida, sin que conste infracción de las normas de tráfico».
No obstante, a la llegada al punto kilométrico 3,750, en el término municipal de Bonares, «siendo un tramo curvo a la izquierda y ligeramente descendente, lo que también dificultaba la visibilidad», el vehículo impactó de manera frontal con los dos animales, «sin que pudiera haberlo previsto ni evitado», según se recoge en el escrito.
Así, la conductora queda atrapada en el vehículo, «gravemente herida», y trasladada urgentemente al hospital donde fallece al día siguiente por «un traumatismo craneoencefálico de alta energía». Su madre sufrió lesiones de diversa gravedad que tardaron en sanar «90 días».
Por todo ello, la Fiscalía insiste en su escrito que los hechos ocurridos fueron «consecuencia del grave y absoluto abandono, dejadez y falta debida» por el acusado del «cumplimiento de sus obligaciones», así como «extrema despreocupación por las graves consecuencias que pudieran ocasionarse», siendo además, como remarca la Fiscalía, esta conducta «la primera vez, sino que le consta multitud de episodios, incidentes y situaciones en los que los animales produjeron daños y situaciones de peligro en la seguridad vial».
Apostilla la Fiscalía que el acusado «a pesar de tener conocimientos de todas las incidencias anteriores, no realizó a fecha del accidente «ninguna actuación por modificar su conducta gravemente negligente lo cual «conllevó al fatal desenlace ocurrido aquel día».
INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
Por su parte, el informe realizado por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil concluye que el accidente se produjo por una «negligencia» del propietario de los animales, investigado por estos hechos y explica que este hombre contaba con «más infracciones administrativas en cuanto a los incumplimientos legales de la guarda y custodia de animales equinos a su cargo», así como «la comisión de otros dos delitos».
Así las cosas, tras las investigaciones, los agentes «constataron» que la propiedad de donde habían salido los animales que provocaron el accidente pertenecía al investigado, una persona que «se dedica a la trata, cría y explotación de ganado equino de diferente tipo», que se encontraba «desde hace una semana con muchos de los animales en la Feria de Sevilla».
Los agentes se pusieron en contacto con el investigado que manifestó «encontrarse trabajando en la Feria de Sevilla» y que los animales «no eran suyos», por lo que «desatendió todo tipo de requerimientos, así como responsabilizarse del enterramiento e incineración de los dos animales fallecidos» y «colgó el teléfono y apagó el dispositivo durante las siguientes 48 horas», aunque pasados esos dos días contactó para «admitir ser el propietario».
Tras la actuación el informe policial concluye que los animales se encontraban «sueltos, sin custodia» y que «irrumpieron en la vía», lo que «provocó el fatal siniestro vial y la muerte de una persona que circulaba con por una vía abierta al tráfico con su vehículo» y señala que «sin lugar a dudas» los animales pertenecían al investigado desde 2021 «si bien éste no ha culminado el asiento de cambio de titular».
Asimismo, indica que «el hecho de que los animales llevasen varios días sin cuidado, aparentemente sin alimentación y agua, así como la inconsistencia del cercado, les han hecho empujar y salirse del recinto, pudiendo tener libertad total de movimiento, que ha derivado en la irrupción en la carretera cercana, una carretera autonómica con abundante tráfico, más aún en esta época del año por el cultivo de frutos rojos, provocando el siniestro vial de tan fatal desenlace».
