La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un año y tres meses de prisión a un hombre por el robo de 1.500 litros de gasóleo A mediante la manipulación y «picaje» de un oleoducto, propiedad de una empresa de hidrocarburos, en el término municipal de Hinojos (Huelva).
La sentencia considera a esta persona responsable de un delito de robo con fuerza, por el que le impone un año de prisión, y otro de riesgo provocado por la manipulación de sustancias inflamables, por el que suma tres meses más, así como una multa de seis meses y la inhabilitación para cualquier oficio relacionado con sustancias inflamables durante tres años.
Se le concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un plazo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir en ese período.
La sentencia absuelve a un segundo acusado al retirar las acusaciones contra él.Los hechos considerados probados se remontan a la noche del 4 de agosto de 2016, cuando el condenado, en compañía de otra persona, declarada en rebeldía, acudió a una zona agrícola conocida como «El Arrayán», en Hinojos, donde ocultaron dos furgonetas entre el ramaje y procedieron a la manipulación y el «picaje» del oleoducto para conectar a él una válvula e introducir una manguera de alta presión, en la que colocaron otra válvula, que a su vez unieron con otra manguera.
De esta forma, extrajeron 1.500 litros de gasóleo A del oleoducto propiedad de la empresa perjudicada, causando un grave quebranto al servicio de hidrocarburos y daños a la instalación.
Los acusados fueron sorprendidas en el lugar por agentes de la autoridad, quienes hallaron además en el interior de una de las furgonetas tres depósitos de plástico de 1.000 litros de capacidad: uno de ellos vacío, otro totalmente lleno y otro por la mitad, con gasoil en su interior, además de dos bidones de plástico de 25 litros de capacidad, uno de ellos lleno con el mismo líquido, todo ello a los fines de transportar el combustible extraído.
La resolución judicial destaca que la operación se realizó contraviniendo las mínimas de seguridad, lo que generó un «peligro concreto» para la vida, la integridad física de las personas y el medio ambiente, dada la naturaleza altamente inflamable del producto. Los daños ocasionados en la infraestructura y el valor de lo sustraído han sido tasados pericialmente en 17.924,31 euros.
La condena final se ha visto reducida tras aplicar la circunstancia atenuante de dilataciones indebidas con carácter «muy cualificado», debido a que el procedimiento judicial sufrió diversas paralizaciones entre 2016 y 2024.
