Roció Lobo Fernández, del equipo de acción sindical de Reforma Juvenil y Protección de Menores en la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, ha señalado que “esta sentencia demuestra que la Administración no puede desentenderse de las condiciones en las que se presta un servicio público esencial. Cuando se externaliza, la responsabilidad última sigue siendo pública”.

«La protección a la infancia debe garantizarse con la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para ofrecer una atención de calidad, tal y como establece la normativa de aplicación».

Asimismo, el Gobierno andaluz «no puede ver en la externalización de este servicio público una oportunidad de ahorro económico que va en detrimento de una adecuada atención de las necesidades de nuestros niños y niñas tutelados» por la Junta de Andalucia. “Cuando el gasto para dotar a los centros de menores es insuficiente, el personal es escaso y se precariza el empleo, aumenta la rotación laboral y no se garantiza la estabilidad que necesitan los menores”, ha afirmado Lobo.

Además, justo ahora, hace un año desde el asesinato de la educadora Belén Cortés, de Badajoz, suceso tras el cual ha habido numerosas movilizaciones en Andalucía. Desde CCOO «seguimos reclamando medidas y protocolos de seguridad ya que este tipo de agresiones en centros de menores no son hechos aislados, sino consecuencia directa de la falta de recursos humanos y materiales que conlleva una sobrecarga de trabajo para el personal de estos servicios externalizados».