Se ordena la paralización inmediata de cualquier actuación de tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del proyecto de urbanización del Sector SUS C-2 ‘Nuevo Rompido Este’, promovido por la compañía vasca Loiola en el término municipal de Cartaya (Huelva), que contempla la urbanización de 1.300.000 m2 en los que se construirán viviendas de lujo y un campo de golf, entre otras dotaciones.
La resolución judicial estima la solicitud presentada por Ecologistas en Acción de Huelva y ordena la paralización inmediata de cualquier actuación de tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización, ha informado la organización conservacionista.
La medida ha sido adoptada, según han señalado, «con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas», al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de especial urgencia.
En particular, la jueza considera que «la continuidad de los trabajos podría hacer perder la finalidad legítima del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados podrían resultar irreversibles», han abundado.
Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad dado que, una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.
El informe pericial aportado por Ecologistas en Acción acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada.
La resolución judicial subraya, según la organización, que estos daños no son fácilmente reversibles y que su continuación ampliaría la superficie afectada.
El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el deber de velar por la conservación del medio ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales.
La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.
Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado la decisión judicial, que considera «un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado».
La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial, han concluido.
