Según los datos oficiales obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), durante el período de 2020 a 2024 se produjeron 177 agresiones a guardias civiles en Huelva, con el agravante de que «los casos no han dejado de crecer en esos cinco años, suponiendo un incremento del 200%», según esta organización.
Por otra parte, estas agresiones registradas en Huelva los últimos cinco años han conllevado que los guardias civiles lesionados aumenten en un 380%. A ello se añade el aumento del número de agentes que han tenido que causar baja médica como consecuencia de las agresiones sufridas, evolucionando en un 240% en esos cinco años.
«Estos días de baja, por cada agresión sufrida, afectan a la seguridad ciudadana ya que son guardias civiles que no pueden prestar servicio», denuncia la AUGC en Huelva.
«Estas agresiones, están motivadas por la pérdida del principio de autoridad, la falta de garantías jurídicas, la escasa sanción penal, el aumento de acciones ilegales relacionadas con el narcotráfico, la no creación de una Zona de Especial Singularidad y a la falta de personal, que obliga, a que una sola patrulla tenga que enfrentarse a situaciones en las que se requieren más guardias civiles de apoyo y en algunas ocasiones no existen o tardan en llegar«.
«La falta de efectivos, la formación, medios y apoyo jurídico e institucional está causando una importante sensación de inseguridad en los componentes de la Guardia Civil, en la provincia de Huelva, y la escasa sanción penal ante las mismas, así como la falta de aplicación de medidas que eviten o disminuyan este tipo de agresiones».
Para la AUGC es «indignante que el ministerio del Interior y el Gobierno sigan sin reconocer a los guardias civiles y a los policías nacionales como profesión de riesgo, condición que tienen los ertzainas desde 2009, los policías locales desde 2019 y los mossos y policías forales desde 2022, por no hablar de muchas otras profesiones que también se consideran de riesgo».
«Además, para atajar esta situación es necesario que se agraven las penas para esos delitos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y que se incremente mucho la plantilla de la Guardia Civil de Huelva, porque ya se acumulan más de 300 vacantes sin cubrir, a las que habría que sumar un incremento que se hace necesario de al menos otros 200 guardias civiles, con patrullas desbordadas que deben atender a varias poblaciones a la vez y que carecen de apoyos cercanos».
