La Guardia Civil, en el marco de la operación “Zahorí”, ha desplegado un dispositivo a nivel nacional para la inspección y control de aprovechamientos de recursos hídricos, tanto de aguas superficiales como subterráneas.
Como resultado de las actuaciones desarrolladas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se han detectado 941 infraestructuras ilegales asociadas a la captación de agua y se ha procedido a la investigación de 31 personas por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños a los recursos naturales.
Del total de infraestructuras ilegales detectadas, el 60 % correspondían a pozos, el 24 % a sondeos, el 4 % a balsas, y el 12 % restante a otras modalidades de captación ilegal, como derivaciones o trasvases artificiales.
Entre las actuaciones realizadas destaca la operación Subterra, desarrollada en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, que permitió localizar diversas infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua. Como resultado, fueron investigadas ocho personas físicas y cinco jurídicas, esclareciéndose tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio.
DAÑOS CAUSADOS VALORADOS EN 270 MILLONES
Los informes periciales elaborados por el SEPRONA cuantifican económicamente los daños y perjuicios ocasionados al Dominio Público Hidráulico, así como el impacto medioambiental sufrido por el resto de recursos naturales -especialmente la flora y la fauna- en las zonas afectadas.
Esta peritación es determinante para acreditar no solo la existencia de los delitos investigados, sino también para valorar la entidad y gravedad de los hechos, permitiendo su correcta calificación jurídica conforme a la normativa penal vigente.
Los informes periciales elaborados durante la Operación valoran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico, derivados de actuaciones realizadas en distintas provincias del territorio nacional.