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Agresión a una profesora del CEIP Prácticas por parte de una familiar de una alumna

Ocurrió durante el horario escolar dentro del propio centro

La comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva, junto a padres y alumnos, y representación del AMPA, se ha concentrado este jueves y han guardado un minuto de silencio, como condena y repulsa a la agresión sufrida por una profesora del centro. La Delegación de Desarrollo Educativo ha iniciado ya la intervención preliminar y se está recabando información de todas las personas implicadas «con el fin de esclarecer las circunstancias».

Este miércoles, en horario escolar, una familiar de una alumna del centro accedió al mismo y «agredió verbal y físicamente a una maestra, en presencia de otros compañeros y compañeras docentes y, de forma especialmente grave, en presencia del alumnado».

Ante este hecho, desde el centro se ha asegurado que se «han tomado medidas oportunas» y que «no se puede tolerar ningún tipo de violencia ni entre alumnos ni profesado ni padres». Asimismo, han enviado un mensaje «de apoyo, cariño y solidaridad» a la compañera agredida.

Asimismo, desde el AMPA Juan de la Cosa, se han sumado al acto de condena y repulsa «ante esta, o cualquier otra forma de violencia que pueda producirse en el centro». «Somos el espejo en el que nuestros hijos e hijas se miran; somos quienes les enseñamos a hacer camino en la vida. El respeto se aprende en casa, y la violencia nunca es una respuesta justificada», han señalado, al tiempo que han enviado toda la solidaridad y cariño a la maestra afectada, así como al resto de la comunidad educativa».

En el texto, la comunidad educativa del centro lamenta que esta agresión «no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una situación que venimos observando en los últimos cursos». «Hemos sido testigos y/o víctimas de faltas de respeto, vejaciones y acusaciones, sin prueba alguna. Afortunadamente, es un porcentaje mínimo el de las familias que actúan de esta manera. La gran mayoría mantiene una relación de respeto y colaboración con el centro», han subrayado.

«Sin embargo, el daño psicológico que provocan estos episodios, por aislados que sean, pueden llegar a ser insoportable. Las presiones, las descalificaciones infundadas y las actitudes agresivas minan la salud emocional del profesorado y dificultan el desarrollo de una labor educativa que requiere serenidad, confianza y un clima de apoyo mutuo», continúa el manifiesto.

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En relación con los hechos, desde la Delegación se ha señalado que se tiene constancia de que se produjo un incidente en el centro, y el Servicio de Inspección Educativa ha iniciado ya la intervención preliminar. El inspector de referencia está recabando información de todas las personas implicadas con el fin de esclarecer las circunstancias.

No obstante, desde Desarrollo Educativo han remarcado que «todavía es pronto para determinar la naturaleza exacta de los hechos y no se ha decidido, por el momento, si procede la activación del Protocolo de actuación ante agresiones al profesorado». «Será necesario completar la investigación inicial y analizar la información recabada antes de adoptar una decisión al respecto», han apuntado.

En relación con la actuación general ante una posible agresión a un docente en un centro educativo público, se recuerda que, según el Protocolo de actuación ante agresiones hacia el personal de los centros docentes públicos de Andalucía, el procedimiento a seguir es, primero, comunicación inmediata de los hechos por parte de la dirección del centro a la Inspección Educativa.

Tras ello, se abren diligencias de información por parte del inspector o inspectora de referencia del centro, quien recabará información de todas las personas implicadas (docente afectado, equipo directivo, alumnado o familias, si procede). Después, se realiza una valoración de la gravedad de los hechos y determinación de medidas de protección y apoyo al docente afectado.

Seguidamente, se eleva un informe al Servicio de Inspección Educativa, proponiendo, en su caso, actuaciones disciplinarias, medidas correctoras o la comunicación a otras instancias competentes (Delegación Territorial, asesoría jurídica, etc.). Por último se procede al seguimiento del caso hasta su resolución y cierre formal del expediente o protocolo.

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