Mesa de la Ría asegura que incumple la Ley de Costas y normativa de Protección Ambiental
Mesa de la Ría de Huelva ha formalizado demanda contencioso-administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Huelva contra la resolución de 2 de junio de 2023 de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, por la que se aprueba la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la empresa FERTIBERIA, correspondiente al proyecto RESTORE 20/30.
La demanda, presentada dentro del Procedimiento Ordinario 87/2024, cuestiona la legalidad de dicha resolución por múltiples motivos técnicos y jurídicos de fondo y forma.
Mesa de la Ría asegura que la autorización se basa en una AAI originaria de 2008 que es nula de pleno derecho al carecer de título habilitante sobre el dominio público marítimo-terrestre ocupado, en contra de lo establecido en el artículo 132 de la Constitución, la Ley de Costas (Ley 22/1988) y su reglamento.
El proyecto RESTORE, limitado a las Zonas 2 y 3 de las balsas de fosfoyesos, «fragmenta artificialmente la restauración exigida por sentencia firme de la Audiencia Nacional en 2007, excluyendo la Zona 4, cuya ocupación y uso tampoco ha sido regularizado ni evaluado ambientalmente», inciden.
La resolución impugnada «no ha evaluado información ambiental esencial, como el informe del Comité de Expertos de la Universidad de Huelva, en colaboración con investigadores de las universidades de Sevilla y otros organismos científicos, que alertaron de riesgos estructurales, geotécnicos, radiológicos, ecológicos y sanitarios en las balsas».
El propio Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a solicitud del Ministerio Fiscal ante la Audiencia Nacional, emitió en 2025 un informe técnico que confirma y respalda los diagnósticos y advertencias del Comité de Expertos, alertando de la posibilidad de contaminación de suelos, aguas subterráneas, atmósfera y afectación a la salud humana, derivada de la ejecución del proyecto RESTORE.
El informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Huelva (2022) que condicionaba la aprobación a un Plan Especial fue sustituido extemporáneamente por otro informe de marzo de 2023 que no consta en el expediente administrativo, «lo que constituye un defecto esencial de forma y vulneración del procedimiento».
El propio Ministerio para la Transición Ecológica y la Abogacía del Estado han cuestionado la viabilidad legal del proyecto RESTORE en escritos dirigidos a la Audiencia Nacional, por considerar que no cumple el principio de mínima ocupación del dominio público ni garantiza la restauración integral de la marisma, contraviniendo la Ley de Costas y la Ley de Evaluación Ambiental.
Además de la demanda principal, Mesa de la Ría ha solicitado al juzgado medidas cautelares urgentes para la suspensión de la eficacia de la AAI, a fin de «evitar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud pública mientras se resuelve el fondo del asunto».
