La Policía Local los inspeccionará para comprobar si cumplen con lo establecido.
El Ayuntamiento de Punta Umbría ha anunciado este jueves que ha iniciado expediente sancionador a los chiringuitos que no tengan licencia y que la Policía Local los inspeccionará para «comprobar si cumplen», después de que el pasado 3 de julio la asesoría jurídica de Urbanismo y el arquitecto jefe de los Servicios Técnicos Municipales trasladaran un informe con la propuesta de cierre cautelar del establecimiento Casa Diego.
En ese texto se incluía una referencia a un informe de 26 de mayo de 2023, así como otros en los que «se advierte de la situación de falta de licencia de apertura de establecimientos y medidas cautelares a adoptar«, ha indicado el Ayuntamiento.
En este contexto, técnicos municipales concluyeron este miércoles un informe que detalla la situación jurídica actual de los chiringuitos del municipio, incluyendo el estado de sus licencias de actividad y apertura, sus concesiones y denuncias. Una vez los técnicos han trasladado ese documento al alcalde, José Carlos Hernández Cansino, el propio regidor municipal ha hecho públicas sus conclusiones, así como las medidas que los técnicos municipales le indican que «debe adoptar».
«Es una situación complicada», ha lamentado Hernández Cansino, que ha añadido que «también supone al mismo tiempo una oportunidad para que los empresarios legalicen sus establecimientos y puedan tener seguridad jurídica».
Tras el cierre del chiringuito Casa Diego, el viernes 4 de julio el alcalde ha explicado que acordó una Providencia solicitando que se le dé traslado de estos informes anteriores, de los que «no tenía conocimiento».
Al respecto, apunta el Ayuntamiento que «el mismo día se le da traslado al alcalde de dichos dictámenes» y, «tras tener conocimiento de los mismos, el 7 de julio -día hábil siguiente-, encarga el informe que concluyeron este miércoles los técnicos y que este jueves ha dado a conocer públicamente, con la participación de todos los departamentos implicados: actividades, asesoría jurídica de Urbanismo, y contratación».
En este informe actualizado se establecen cuatro grupos de establecimientos. Un primer grupo que engloba a los que son fijos con concesión y con licencia, en los que se contabilizan 13 chiringuitos. Un segundo grupo de fijos sin concesión o cuya concesión no se adapta a lo otorgado en el que hay siete, entre ellos Casa Diego, y un tercer grupo de chiringuitos desmontables incluidos en el Plan de Playas que tienen título de concesión pero de los que al Ayuntamiento no le consta que tengan licencia, al que pertenecen cuatro; dos en playa urbana y dos en playa natural. Y, por último, un cuarto grupo de chiringuitos en playa natural sin concesión ni licencia, entre los que hay siete establecimientos.
En los chiringuitos actúan tres administraciones: el Estado como propietario del dominio público marítimo y terrestre, la Junta a través de la delegación de Medio Ambiente porque es la que tiene las competencias delegadas para la gestión de ese dominio y el Ayuntamiento, que es el que regula y otorga las licencias de obra/actividad/apertura.
El alcalde ha señalado que el título de concesión administrativa «lo otorga la Junta, a través de Medio Ambiente». Por tanto, ha explicado que el Ayuntamiento «puede actuar dentro de sus competencias, para comprobar si cumplen con las licencias de obra/actividad/apertura».
MEDIDAS
Los técnicos municipales proponen en este informe medidas que tiene que adoptar el Ayuntamiento, entre las que se encuentra iniciar expedientes sancionadores a todos los que no tengan licencia. Así, la Policía Local va a comenzar a inspeccionar «cada uno de los locales», para comprobar «si pueden evitar la medida cautelar de clausura o no, atendiendo a si incumplen gravemente la normativa».
«El final de ese expediente es el cierre», ha afirmado el primer edil, que tiene «la obligación de actuar conforme a la Ley, como siempre he hecho». «Una Ley que, por otra parte, es la misma para toda España», ha añadido. «Ahora los empresarios tienen sobre su tejado la posibilidad de adoptar las medidas oportunas para evitar males mayores», ha puesto de manifiesto el alcalde, que no ha querido entrar a valorar la actuación de anteriores Corporaciones «por respeto al procedimiento judicial en curso».
Ante la posibilidad de incluir actuaciones musicales de pequeño formato en los chiringuitos, Hernández Cansino ha determinado que «sí son posibles, siempre y cuando ya cuenten con licencia y se tramiten de forma individual cada una de ellas como eventos extraordinarios dentro del establecimiento y con su aforo, cuenten con la aprobación de la Junta a través de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento lo autorice y compruebe que cumple con lo establecido».
«Es doloroso para mí y para mi equipo tomar decisiones que se deberían haber tomado hace años», ha lamentado antes de pero lanzar a la vez un mensaje de «esperanza para legalizar la playa».
PROCESO JUDICIAL
El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha llamado a declarar en calidad de investigados al actual alcalde, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), y a la exalcaldesa Aurora Águedo (PSOE), por un presunto delito «continuado» de prevaricación administrativa por «permitir durante años» el funcionamiento de un chiringuito que «carece de concesión para el uso del Dominio público marítimo terrestre» y que, «por lo tanto, carece de licencia de apertura», toda vez que apunta que en el caso de contar con licencia sería de restauración.
Así lo señala el auto judicial, después de una denuncia interpuesta por vecinos de la zona por un posible delito contra el medio ambiente en relación a denuncias por ruido en el chiringuito «desde el 2019, fecha en la que el Ministerio rechaza el cambio de ubicación y ampliación pretendido hasta el día de hoy» y tras un informe remitido por el Ministerio Fiscal, por lo que se califica su ubicación de «ilegal».
Indica el escrito que «todas las autoridades locales de Punta Umbría, Policía Local, Ayuntamiento y alcaldes» tenían «fehaciente constancia» de que el chiringuito carecía de concesión y de licencia y que, «sin embargo, han permitido durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno de público, causando ruidos y molestias que perjudican a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso ante una pasividad de la Administración local que solo puede calificarse de grosera».
Tanto el actual alcalde como la exalcaldesa han sido llamados a declarar en sede judicial el próximo 8 de octubre, mientras que el jefe de la Policía Local tendrá que acudir también en calidad de testigo.
