Son dos clases de Primaria con 28 alumnos cada una, y en una de ellas hay dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
El sector de Educación de CSIF Huelva denuncia que la Junta de Andalucía ha configurado para el próximo curso dos aulas de Educación Primaria en el CEIP Reyes Católicos de la capital onubense con 28 alumnos, tres por encima de la normativa actual para este nivel educativo.
El sindicato mayoritario en la educación pública andaluza apuesta por «una educación personalizada y de calidad a la que es imposible acceder con la saturación de las aulas y la sobrecarga de trabajo de los empleados públicos». En este sentido, CSIF lamenta que «esta superación de las ratios se repita año tras año en algunos centros de la provincia de Huelva sin que la Dirección General de Planificación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ponga remedio».
La solución para el caso concreto del CEIP Reyes Católicos de la capital onubense es el desdoble de las unidades. Así lo exige el sector de Educación de CSIF Huelva, que destaca, por otra parte, que una de las aulas cuenta con dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. «Esta situación impide el trabajo individualizado hacia los alumnos como se necesita para una educación de calidad.»
CSIF rechaza el aumento del 10 por ciento de las plazas en un aula que contempla la ley para situaciones excepcionales, “puesto que no se dan actualmente”, aseguran fuentes del sector de Educación. “El carácter extraordinario sobreviene, en todo caso, con el curso comenzado, ya sea para la incorporación tardía del alumnado u otra circunstancia similar. No es aceptable que de partida comience con una supuesta excepcionalidad que va en contra del espíritu de la norma y hasta de su literalidad”, explican las mismas voces.
Este sindicato ya se ha dirigido al servicio de Planificación de la Delegación Territorial para trasladar la preocupación de profesores y padres de alumnos y para reclamar el desdoble de las aulas. “No podemos permitir que se normalicen prácticas que infringen los límites legales establecidos para la organización de las aulas, especialmente cuando estas afectan al funcionamiento de un centro y, por ende, al derecho a una educación de calidad”.
