Se trata de un taller productivo que comenzó en mayo con internos de un perfil determinado para ejecutar las llamadas a posibles clientes
‘Gaza te necesita’. Cualquier usuario puede recibir una llamada en la que se pide ayuda para el pueblo palestino invitándolo a adherirse como socio a UNICEF. Quien está al otro lado del teléfono es un recluso, y se encuentra llamando desde el centro penitenciario de Huelva. Ésta es una situación real que se viene produciendo desde hace casi cuatro meses.
El centro de llamadas de la prisión onubense está en marcha desde el pasado mes de mayo con 14 internos trabajando, inicialmente, aunque el objetivo es que se llegue a una cuarentena. En principio eran quince, pero uno de ellos fue expulsado de este llamado taller productivo por amenazar al monitor que se encuentra con el grupo de reclusos que forman parte de este call center. Posteriormente, se registraron más problemas con los internos que allí trabajaban y se quedaron sin personal debido a la “presión” de la empresa para captar clientes y mantenerlos al otro lado del teléfono el mayor tiempo posible.
En estos talleres solo pueden participar reclusos con buen comportamiento pero, al quedarse prácticamente sin personal, se iniciaron otros dos procesos selectivos en los que se abrió el abanico y se permitió el acceso a internos con sanciones (expedientes o partes disciplinarios), algo que no se había realizado hasta el momento.
Esta práctica de los call center es habitual en otras prisiones ya que numerosas empresas o entidades contratan servicios de centros de llamadas para captar clientes (en el caso de Huelva es UNICEF la entidad que ha recurrido a este sistema). Telecomunicaciones, energéticas o telefonía son los sectores que suelen demandar este tipo de servicios, que se derivan en ocasiones a los centros penitenciarios dentro de sus objetivos de reinserción y de preparación para un futuro laboral fuera de los muros de la prisión.
Sin embargo, que sean los propios internos los que contacten con los usuarios genera incertidumbre sobre el funcionamiento de este “taller”, como lo denominan desde Instituciones Penitenciarias. Según ha podido saber 1 Minuto, con estas llamadas se recopilan datos de carácter personal y bancario, y se tiene acceso a determinada información que, potencialmente, podría ser utilizada por los presos. Aunque hay un monitor con ellos, no puede abarcar ni controlar todas las transacciones que se realizan.
El perfil que se buscaba para estos trabajos era muy concreto, según las fuentes consultadas por 1 Minuto: estar cumpliendo condena por delitos de estafa, es decir, relacionados con transacciones económicas; y además no deben tener acento sudamericano. Con estas “características”, se busca captar a un mayor número de clientes gracias al conocimiento que los internos tienen en este ámbito y que les da mayor facilidad para conseguir adherir a la causa a las personas con las que contactan.
La preocupación, en este sentido, es que reclusos que ha sido estafadores y han acabado entre rejas por ese motivo se comuniquen directamente con la ciudadanía y recopilen, por ejemplo, datos bancarios. Después de quedarse sin personal, con apenas cuatro o cinco trabajadores, el perfil se fue generalizando.
Por realizar este trabajo, según ha podido saber 1 Minuto, los internos reciben 180 euros fijos al mes y 30 euros más de comisión por cada captación de un nuevo cliente. Y, como dato, sólo en el turno de mañana se pueden hacer hasta 200 llamadas.
En el ámbito interno del centro penitenciario -tal y como han explicado esas mismas fuentes-, existe preocupación por el perfil de internos que se contrata -relacionados con los delitos de estafa- ya que pueden ejercer amenazas o presionar en exceso a las personas que llaman, además de poder acceder a información confidencial.
Esos reclusos reciben formación de la empresa y están coordinados por un supervisor, pero aseguran que es “insuficiente y es imposible controlar todas las operaciones” que se realizan en los diferentes turnos. Esta situación -tal y como trasladan a 1 Minuto- ha abierto un debate sobre la idoneidad de que los presos realicen determinados trabajos y de sus posibles consecuencias.