La Junta de Andalucía ha elaborado un censo con la población permanente en los asentamientos de Lepe, Lucena y Moguer y, actualmente, se contabilizan menos de 400 personas. Residencias y viviendas son las soluciones que los ayuntamientos de Lepe y Moguer han puesto en marcha.
Casi 400 personas son las que viven de forma permanente en los asentamientos de Lepe, Lucena del Puerto y Moguer. Aun no hay datos de Palos de la Frontera. El 50% de ellas se encuentran en situación irregular. El problema de los asentamientos comenzó hace 30 años y, a día de hoy, y en los últimos dos años se ha reducido el número de ellos en un 45% de media. En Lepe se ha pasado de 17 a 9 y en Moguer de 15 a 6. La inversión realizada por la Junta de Andalucía supera los 4 millones de euros y, en alianza, con los ayuntamientos se busca una solución a estas personas como es una residencia en el municipio de Lepe y viviendas o habitantes en la localidad de Moguer.
Éstas son algunas de las conclusiones del diagnóstico y desarrollo inicial del I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos de población migrante en Andalucía.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que este plan ha permitido tener una radiografía de la situación que se da en los asentamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven de manera permanente más de 390 personas, según los censos elaborados por los ayuntamientos y que se corroboran con los datos del Servicio de Emergencias 112, el cual anualmente realiza un estudio sobre la accesibilidad para actuar en los asentamientos en casos de emergencia.
Así, para contar con las cifras actualizadas, estos censos se volverán a elaborar en este año y la importancia de los mismos es que «no solo se contabiliza el número sino que se añade información sobre la situación administrativa y personal de cada persona» al objeto de conocer en detalle la situación.
Este estudio previo indica que en Lepe, por ejemplo, de 2022 a 2024 se han reducido de 17 a nueve los asentamientos y en Moguer de 15 a seis. Por tanto, «con estrategia, colaboración y voluntad, se puede acabar con los asentamientos en Andalucía. Se le puede dar dignidad a todas las personas», ha concluido López.
En este punto, la consejera ha recordado la adjudicación por parte de la Junta de subvenciones, con cargo a fondos europeos, por valor de 3,4 millones para la adquisición de inmuebles, construcción, reforma o equipamiento de nuevos recursos públicos para la atención residencial de las personas migrantes. De esta línea de ayudas se han beneficiado los ayuntamientos onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto y el almeriense de Níjar. Además, la Junta de Andalucía destinó 400.000 euros mediante una subvención a la residencia para trabajadores temporales de Lepe.
Este estudio previo cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos: área urbanística y vivienda, inclusión social, del ámbito jurídico, relativas a la comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social, entre otras, según ha indicado la Junta en una nota.
Se trata de un trabajo que ha supuesto, como ha explicado la consejera, más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de mil horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.
«Es un trabajo duro y necesita unidad», ha continuado la titular de Igualdad. «No se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas», ha enfatizado la consejera, que ha hecho hincapié en la importancia de construir un modelo de convivencia más integrador, tolerante y solidario y por eso, ha subrayado, que el Gobierno tiene que «implicarse a fondo» al tener competencias directas en esta materia.
La consejera ha señalado que, «por su parte, la Junta de Andalucía ha tomado cartas en el asunto y se ha implicado desde hace un año en la elaboración de este plan». Se trata de una cuestión «de primer nivel» ya que, «como se ha puesto de manifiesto estos días, la migración es un fenómeno creciente que requiere que el Gobierno se implique de verdad y a fondo» porque «son personas y se merecen un trato digno». «Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos», ha dicho López, que ha incidido en la competencia en esta materia que tiene el Ejecutivo.
Este estudio ha tenido, en primer lugar, una fase de conocimiento y una segunda de consulta en la que han participado responsables de administraciones públicas –diputaciones, ayuntamientos, la propia Junta–, empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, entidades sociales, Defensor del Pueblo, Fiscalía, Audiencia Provincial, etc, lo que da una muestra de que es un análisis participado y consensuado con todos los agentes implicados.
Además, ha recordado que en la Mesa por las Infraestructuras de la Diputación de Huelva se incluye un punto sobre los asentamientos, por lo que ha puesto a disposición de todas las administraciones este estudio y el posterior plan que se elabore.
Convencida de que la unidad es «la mejor vía de trabajo», ha reiterado que la Junta «no puede estar de manos atadas» sino que necesita que el Gobierno «se involucre» para ser «no un mero ayudante, sino una parte necesaria y fundamental» para acabar con los asentamientos, como ha añadido Toronjo.