Las familias han pedido ayuda al Defensor del Pueblo, no descartan movilizaciones y temen que, ante la falta de previsión para concluir estas obras, se pueda optar por separar a los estudiantes derivándolos a otros centros cercanos.
Desde el mes de noviembre de 2022, el alumnado del CEIP Virgen del Carmen, donde acuden estudiantes de Infantil y Primaria de El Rompido, Nuevo Portil y El Portil, tiene que convivir con unas obras de ampliación que deberían haber concluido en octubre del año 2023.
Esto supone que, por tercer curso consecutivo, parte del alumnado y del profesorado de este centro no tendrá espacios adecuados a sus necesidades como son las aulas, “por lo que seguirán viéndose obligados a ocupar zonas de menos de 20 metros cuadrados; seguirán hacinados y en penosas condiciones”, denuncian las familias de los estudiantes.
“Durante dos cursos académicos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones que el resto de alumnado se ha visto menoscabado; no se dan los condicionantes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé con garantías y calidad; y va a repetirse el curso próximo”.
Los problemas derivados de la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria han dilatado la finalización de los trabajos y, por este motivo, los familiares critican “la nula capacidad de la Administración para resolver las dificultades que han ido surgiendo, partiendo de la idea equivocada de que era posible la convivencia de la obra con el normal funcionamiento del curso escolar”.
Según las madres y los padres afectados, a fecha de hoy está ejecutada completamente la primera fase; la segunda no se ha iniciado; y la tercera está a expensas de que la empresa decida acabarla y entregarla. Esto último, según las familias, no parece posible dada la mencionada rescisión del contrato con la empresa.
Desde Planificación de la delegación territorial de Educación y desde APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) dicen no poder hacer nada debido a los procedimientos administrativos señalando a la empresa como única culpable.
Para las familias, existe una solución rápida que garantizaría unas mejores condiciones para el alumnado y profesorado, y consistiría en la instalación de cuatro aulas portátiles en los aledaños del centro hasta que finalice la obra. Esta demanda la vienen realizando las familias desde el inicio; pero en noviembre de 2022 no era viable por falta de existencias, y esa rotura de stock sigue sin resolverse tras dos cursos académicos.
Por todo ello, las madres y los padres del centro han pedido la mediación del Defensor del Pueblo quien, por segunda vez, ha solicitado información a la delegación territorial de Huelva. En la primera ocasión (febrero de 2024), la Delegación le respondió diciendo que se iban a instalar aulas portátiles en zonas aledañas al centro, pero estas aulas habían sido enviadas a Jaén en septiembre de 2023.
Ante esta falta de respuestas, y temiendo que una solución sea separar a los estudiantes derivándolos a otros centros cercanos, las familias están valorando iniciar movilizaciones.